Dos jefes de fiscalización en Mar del Plata fueron apartados de sus cargos tras detectar irregularidades por $13.000 millones en el sindicato liderado por Hugo Moyano. La medida, dictada desde Buenos Aires, se suma a otros corrimientos previos en medio de la causa por facturación apócrifa.
La cúpula de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) dispuso el desplazamiento de Gustavo Marcelo Capdeville y Diego Guillermo González, quienes encabezaban investigaciones clave sobre proveedores fantasma vinculados al Hotel 15 de Diciembre. La pesquisa judicial busca determinar el destino de fondos sindicales que habrían sido desviados mediante el uso de facturas truchas y empresas sin capacidad operativa.
Los funcionarios, que se desempeñaban en la Dirección Regional Mar del Plata, fueron reasignados a tareas de asesoría y trámites administrativos tras haber dejado asentada la investigación en los sistemas internos del organismo. Según trascendió, el desplazamiento ocurrió luego de que se les solicitara congelar la fiscalización sobre el gremio de los Moyano, una instrucción que habría sido desoída para avanzar con el expediente.
La causa, que tramita en la justicia provincial bajo la dirección del fiscal Carlos David Bruna, investiga un presunto fraude de $13.000 millones. El foco está puesto en una red de al menos diez proveedores inexistentes utilizados para justificar salidas de dinero. En paralelo, se detectaron transferencias recientes por $900 millones desde cuentas del sindicato hacia fideicomisos vinculados a la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet.
Por el avance de estas actuaciones, el propio Moyano ya había desplazado a dos dirigentes de su confianza, Claudio Balazic y Paulo Villegas (Secretarios Administrativo y Tesorero respectivamente), quienes se encuentran imputados. La justicia no descarta que, debido a la magnitud del desvío y la conexión con cuentas en Capital Federal, la causa sea derivada al fuero federal en el corto plazo.
Desde la ARCA calificaron los movimientos como «procesos habituales» de la estructura administrativa y negaron que se trate de sanciones. Sin embargo, el apartamiento de los técnicos que manejaban la trazabilidad del fraude genera fuertes interrogantes sobre la continuidad de los controles impositivos sobre el poderoso gremio de Camioneros.
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