El oficialismo se juega una carta decisiva en el Senado: la aprobación de un paquete de reformas que busca redefinir la seguridad jurídica y el desarrollo productivo en el país. El proyecto incluye polémicos cambios en el régimen de tierras rurales y la implementación de los denominados «desalojos exprés», una herramienta que permitiría a los jueces ordenar la restitución inmediata de inmuebles usurpados en un plazo de 72 horas. Tras semanas de pulso parlamentario, el Gobierno logró acordar un temario que, además, incluye la revisión de ascensos diplomáticos y pliegos judiciales, en un esfuerzo por consolidar una mayoría que todavía requiere de precisiones finales en el recinto.
El corazón del proyecto propone un cambio de paradigma en el derecho de propiedad, buscando incentivar la inversión privada a través de la desregulación. Entre los ajustes más significativos al texto original, se destaca la revisión de las restricciones para la compra de tierras rurales en zonas de frontera, las cuales ahora requerirán un doble aval: tanto del Poder Ejecutivo Nacional como de la provincia correspondiente. Asimismo, el proyecto deroga un artículo clave de la Ley de Manejo del Fuego, que limitaba por 30 años el cambio de uso de suelo en zonas incendiadas. Desde el oficialismo defienden esta medida asegurando que la restricción previa «atentaba contra la capacidad productiva» y el desarrollo de los sectores agrícolas, forestales y mineros.
En el plano procesal, la figura del «desalojo exprés» se posiciona como uno de los ejes más controvertidos y relevantes. La iniciativa busca facultar a los magistrados para intimar a la devolución de terrenos o viviendas cuando el propietario acredite su titularidad mediante prueba documental y preste caución juratoria. Si bien desde La Libertad Avanza insisten en que este mecanismo brindará la previsibilidad necesaria para fomentar inversiones, ciertos sectores de la oposición y algunos senadores de la UCR han manifestado reservas, reclamando ajustes técnicos antes de proceder a la votación definitiva que tendrá lugar este jueves.
La jornada también será de alta relevancia para el Poder Judicial, ya que se tratarán pliegos de jueces que requieren respaldo parlamentario para avanzar en sus cargos. Entre ellos, la extensión del mandato del camarista laboral Víctor Pesino, cuya continuidad es vista como una señal de respaldo a la implementación de la reciente reforma laboral. Con la mirada puesta en el federalismo y el estímulo a la producción, el oficialismo confía en que la aprobación de este paquete legislativo consolidará un pilar fundamental de su gestión, aunque el margen de negociación —voto a voto— mantendrá la expectativa hasta el último minuto en el Palacio Legislativo.
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