La Suprema Corte, la Procuración y los ministerios de Salud y Seguridad firmaron un acuerdo histórico. El objetivo es coordinar la actuación judicial, policial y sanitaria para garantizar que los procesos de ablación sean rápidos, eficientes y humanos en situaciones críticas.
En un esfuerzo por reducir los tiempos burocráticos y salvar más vidas, la provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo protocolo de actuación para la donación de órganos y tejidos. El convenio, firmado por las máximas autoridades judiciales y políticas del territorio bonaerense, establece lineamientos claros para los casos de muertes traumáticas, donde la intervención policial y judicial suele ser un factor determinante en el éxito de una ablación.
El acuerdo fue rubricado por el presidente de la Suprema Corte, Sergio Torres; el procurador Julio Conte Grand; los ministros Nicolás Kreplak (Salud) y Javier Alonso (Seguridad); y el titular del CUCAIBA, Francisco Leone. El documento busca aceitar la comunicación entre médicos, fiscales y peritos policiales para que, ante un fallecimiento que requiera investigación judicial, el proceso de donación no se vea obstaculizado por demoras administrativas.
«Este instrumento expresa un compromiso profundo con una política pública de la más alta sensibilidad», destacó el juez Torres. Por su parte, el ministro Kreplak señaló que el protocolo representa un avance significativo para mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud ante situaciones críticas. El rol del Estado resulta «decisivo» en estos escenarios, donde la rapidez es vital para transformar una pérdida en una oportunidad de vida para quienes integran las listas de espera de trasplantes.
La guía pone especial énfasis en el trato humano y solidario, asegurando que todas las dimensiones involucradas —desde la pericia forense hasta el traslado de los órganos— funcionen de manera coordinada bajo un mismo estándar de urgencia y respeto.
Con la participación de magistrados y representantes del CUCAIBA, el acto formalizó un compromiso que busca posicionar a la provincia a la vanguardia de la medicina de trasplante, simplificando los procesos legales sin perder el rigor judicial necesario en casos de muertes traumáticas.
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