Se presentaron cerca de 50 iniciativas que incluyen líneas de crédito con fondeo del FGS, límites en tarjetas y mayor transparencia en los costos financieros.
Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados se reunirán este martes para iniciar el debate legislativo destinado a abordar el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias. El plenario fue fijado luego de que la Cámara Baja aprobara por unanimidad un emplazamiento que estableció un cronograma formal de trabajo, el cual culminará el próximo 29 de septiembre con la firma de los dictámenes correspondientes.
En total, el Parlamento contabiliza cerca de 50 iniciativas presentadas por distintos bloques de la oposición. Entre las incorporaciones más recientes se destaca una propuesta impulsada por los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora dentro de el espacio Provincias Unidas. El proyecto plantea la creación de una línea de préstamos —con fondeo proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y adhesión voluntaria de los bancos— orientada a refinanciar las obligaciones de aquellas personas ubicadas en situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central, ofreciendo créditos a cinco años, tasa máxima del 7,5% anual y ajuste por UVA, sin que el Estado deba asumir las deudas privadas. Al respecto, la diputada Alejandra Torres remarcó que el problema central no radica en la toma de créditos, sino en las «tasas desproporcionadas» que ahogan a los hogares.
El cronograma de trabajo aprobado prevé reuniones consecutivas los días 15, 22 y 29 de septiembre. A diferencia de otras iniciativas, los expedientes fueron girados únicamente a las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor —dejando afuera a Presupuesto y Hacienda—, un guiño bien recibido por el bloque oficialista de La Libertad Avanza bajo la premisa de que las medidas consensuadas no generen impacto fiscal.
Entre las propuestas opositores con mejor posicionamiento figuran las del radical Pablo Juliano, quien propuso crear un Régimen de Protección de Usuarios Financieros para prevenir el sobreendeudamiento, y la de Mónica Frade (Coalición Cívica), centrada en el uso responsable de tarjetas de crédito y la posibilidad de que los usuarios fijen límites de gasto personalizados.
Por su parte, La Libertad Avanza trabaja en un dictamen alternativo propio que presentará el 29 de septiembre. El eje oficialista estará puesto en el Costo Financiero Total (CFT), buscando implementar un sistema impulsado por la senadora Patricia Bullrich y respaldado en la Mesa Política de la Casa Rosada junto a Martín Menem. La iniciativa busca que el Banco Central, las entidades bancarias y las fintech refuercen la transparencia y brinden información clara y explícita antes de la contratación de un préstamo, permitiendo que los consumidores conozcan de antemano el costo real de su financiamiento sin alterar las cuentas públicas. De este modo, el oficialismo busca incidir de lleno en un debate donde la oposición intenta unificar textos entre su medio centenar de proyectos.
Más historias
Javier Milei cruzó a un periodista por las Malvinas y aseguró que tratará a los isleños «con dignidad»
Kicillof cerró su gira en Nueva York: garantizó que la Provincia pagará su deuda y evitó hablar de candidaturas
El Gobierno cede en el régimen de discapacidad para evitar una derrota y prepara sesión propia en octubre