La directora ejecutiva adjunta de Innocence Project Argentina, Micaela Prandi, explicó cómo seleccionan expedientes, qué consideran una prueba nueva y detalló la revisión del caso Cardozo.
Revisar una condena después de muchos años no es sencillo. Cuando una sentencia ya quedó firme, Innocence Project Argentina necesita encontrar una prueba nueva que permita volver a discutirla ante la Justicia. Ese es el trabajo que desarrolla la organización y que explicó Micaela Prandi, su directora ejecutiva adjunta, durante una entrevista.
“Trabajamos en casos de personas que están condenadas y no cometieron los hechos”, explicó Prandi. La organización nació en 2012, a partir de la película El Rati Horror Show, y recibe entre 400 y 500 consultas por año. Después de estudiar los expedientes, selecciona entre dos y cinco casos para asumir su representación. El criterio fundamental para avanzar es hallar evidencia inédita que demuestre que el condenado no participó del delito.
El caso de Maciel Cardozo y el testimonio clave
Uno de los expedientes que actualmente analiza Innocence Project es el de Maciel Cardozo, condenado a prisión perpetua por el homicidio de Hernán Maximiliano Pérez, un boletero asesinado en noviembre de 2003 en la estación de Monte Grande. La investigación original avanzó bajo la hipótesis de un crimen en ocasión de robo, por el que también fue sentenciado otro empleado, Carrara.
La organización volvió sobre el expediente y puso el foco en la declaración de un testigo clave durante el juicio: una persona sorda, analfabeta y sin conocimiento de lengua de señas argentina. Al haber tenido dificultades extremas para comunicarse, su testimonio fue incorporado como prueba documental, pero analizado con criterios que la defensa cuestiona.
Innocence Project decidió reanalizar el registro audiovisual con especialistas en comunicación no verbal, como la antropóloga social Mabel Remón. El estudio permitió advertir que el testigo se refería a fuego, humo y personas que se acercaban a ayudar, una versión que —según la ONG— fue interpretada de manera sesgada en la sentencia. Con estos elementos, la organización presentó una acción de revisión ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires.
El problema de la conservación de pruebas
Para Prandi, el caso expone una falencia estructural que afecta la revisión de muchas causas antiguas en el país: la falta de una cultura institucional para conservar la evidencia científica.
“Cuando años después querés acceder a esa prueba para reinvestigarla, sobre todo con el avance de la ciencia, es muy complejo hacerlo actualmente”, advirtió, destacando el valor de preservar material biológico para futuros análisis de ADN. Entre otros expedientes abordados por la organización, la abogada también mencionó los casos de Jorge González Nieva y Marcos Bazán.
En el plano humano, el paso del tiempo deja marcas irreversibles: Cardozo murió detenido durante la pandemia, mientras que Carrara continúa privado de su libertad después de más de dos décadas. El objetivo actual de la organización es que la Justicia acepte analizar la nueva evidencia para rediscutir el fondo de la condena.
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