13 agosto, 2026

Designaciones en la Cámara Federal: el Gobierno propone jueces para un tribunal clave que revisa la causa $LIBRA

La iniciativa del Ejecutivo forma parte de una estrategia más amplia para cubrir vacantes judiciales en tribunales federales estratégicos. La posible nueva conformación de la Sala I de la Cámara Federal, que hoy comparten Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, podría sufrir modificaciones si el Senado presta el acuerdo para las nuevas postulaciones. El trámite parlamentario, que incluirá el análisis de antecedentes y audiencias públicas, será el escenario donde el oficialismo deberá negociar los apoyos necesarios para confirmar a los elegidos en un tribunal cuyas sentencias definirán el rumbo judicial de causas sensibles para el Ejecutivo.

Mientras que Pablo Daniel Bertuzzi ya forma parte de la Sala I y busca su designación definitiva tras haber concursado para el cargo, Pablo Yadarola —actual juez en lo Penal Económico— es la apuesta para ocupar la segunda vocalía. La relevancia de este movimiento radica en que la Sala I tiene la responsabilidad de revisar las apelaciones sobre las actuaciones de los jueces de primera instancia en expedientes vinculados a la administración pública y presuntos hechos de corrupción. En el caso particular de la causa $LIBRA, que indaga sobre el lanzamiento, promoción y posterior derrumbe del criptoactivo, el tribunal tendrá un rol decisivo cuando las resoluciones de la etapa de instrucción lleguen a la instancia de alzada.

El avance sobre estas vocalías no es un hecho aislado. La administración de Javier Milei ha mostrado una clara intención de cubrir vacantes estructurales en el sistema judicial federal, una política que ya se reflejó en otros paquetes de pliegos enviados recientemente. No obstante, el escenario en el Senado es complejo: el oficialismo no cuenta con mayoría propia y la aprobación de cualquier pliego requiere de una ardua negociación con bloques dialoguistas. Este proceso de selección se verá, además, condicionado por la futura vacante que dejará el magistrado Martín Irurzun al alcanzar el límite constitucional de edad, lo que abrirá una nueva disputa política para terminar de configurar la cúpula de este tribunal estratégico.

A partir de ahora, la pelota está en la cancha de la Comisión de Acuerdos del Senado. Los candidatos deberán superar la etapa de impugnaciones y entrevistas para luego intentar obtener el aval de la Cámara alta en una votación que, dada la sensibilidad de las causas en juego, se prevé altamente politizada. La designación de jueces no solo busca dotar de formalidad a las vacantes, sino que supone un mensaje político sobre la visión del Ejecutivo respecto a la Justicia federal, en un contexto donde cada fallo de Comodoro Py y sus instancias de revisión tienen consecuencias directas sobre la agenda de gestión presidencial.