La situación en la provincia de Ituri es desoladora. Trabajadores sanitarios de primera línea denuncian la carencia de insumos básicos, trabajando prácticamente sin protección frente a un virus de altísima letalidad. A pesar de que los organismos internacionales han reportado promesas de financiamiento superiores a los 1.200 millones de dólares, solo una fracción mínima ha sido desembolsada, dejando a clínicas rurales desabastecidas y al personal en huelga por falta de salarios. Expertos advierten que las cifras oficiales son una subestimación, ya que solo el 30 % de los nuevos contagios logra ser rastreado.
El desafío logístico es inmenso debido a la geografía de la zona, caracterizada por bosques densos y aldeas aisladas, pero el verdadero obstáculo es el conflicto armado. Unas 900.000 personas desplazadas huyen constantemente de la violencia de milicias, lo que imposibilita el rastreo de contactos y las medidas de aislamiento. En este contexto, los hospitales y clínicas, lejos de ser centros de contención, se han convertido en focos de transmisión debido a la falta de protocolos de desinfección. El riesgo de que la enfermedad se establezca en centros urbanos densamente poblados, como Kisangani, ha encendido las alarmas de un brote de proporciones históricas, similar a la tragedia que azotó África Occidental una década atrás.
La preocupación escala hacia el plano regional con la posible propagación hacia Sudán del Sur, un país con un sistema sanitario aún más frágil y al borde de una guerra civil. Los modelos epidemiológicos publicados en The Lancet Infectious Diseases sugieren una probabilidad extremadamente alta de que el virus cruce la frontera en los próximos meses. Las prácticas culturales, como los entierros tradicionales —donde los cuerpos altamente contagiosos son manipulados sin medidas de bioseguridad—, siguen siendo uno de los mayores vectores de contagio, complicando aún más la labor de las autoridades sanitarias que intentan frenar el avance del virus.
El testimonio de trabajadores de salud como Moise Bulabantu refleja el abandono del personal en la línea de fuego: decenas de profesionales ya han contraído la enfermedad y al menos 25 han fallecido. La crisis trasciende lo sanitario; es una emergencia humanitaria donde la falta de agua potable y otras enfermedades endémicas como la malaria compiten por la atención de una población que, ante la falta de recursos y protección, vive sumida en el miedo. Sin una inyección real de fondos y una estrategia que combine la seguridad militar con la ayuda médica, la contención del brote parece un objetivo cada vez más lejano.
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