La ley fue sancionada en la Legislatura porteña por unanimidad y establece un plazo de dos años para ampliar y reorganizar la oferta educativa. Los chicos que ya concurren a espacios de primera infancia podrán mantener la extensión de jornada.
La Legislatura porteña sancionó por unanimidad este jueves la ley que incorpora formalmente la sala de 3 años a la enseñanza obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires. La norma establece un período de transición de dos años para adecuar la oferta educativa y comenzará a aplicarse de manera plena a partir del ciclo lectivo 2027.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la aprobación a través de sus redes sociales: «Los primeros años son decisivos para el desarrollo de cada chico. Es cuando se forman el lenguaje, la curiosidad, la capacidad de convivir, de jugar, de expresarse y de aprender». Por su parte, la ministra de Educación, Mercedes Miguel, destacó que se trata de un paso fundamental para garantizar mejores oportunidades de aprendizaje desde la primera infancia.
Cómo será la implementación y el criterio de vacantes
La normativa obliga al Ejecutivo local a incorporar de forma progresiva al sistema educativo oficial a los niños que actualmente asisten a Centros de Primera Infancia (CPI), Centros de Desarrollo Infantil y jardines inscriptos en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales, garantizando que no pierdan sus condiciones actuales de jornada simple o doble.
Asimismo, se estipula que para el año 2027 el reglamento de Inscripción en Línea otorgará prioridad en la asignación de vacantes a aquellos chicos que ya se encuentren matriculados en la sala de 2 años.
El factor demográfico y la infraestructura
Uno de los principales argumentos detrás de la medida es la marcada evolución poblacional de la infancia en el distrito. De acuerdo con los datos del proyecto, los nacimientos en la Ciudad se redujeron un 50% entre 2014 y 2024.
Esta tendencia se alinea con informes nacionales, como el elaborado por Argentinos por la Educación, que advierte que la caída generalizada de la población de entre 3 y 5 años en la última década —con una baja del 31% a nivel país— genera un escenario propicio para alcanzar la universalización del nivel inicial aprovechando la infraestructura existente, sin necesidad de realizar grandes obras de ampliación edilicia. Con esta sanción, CABA se convierte en pionera en formalizar legalmente este cambio estructural.
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