Las advertencias de la Cámara Nacional Electoral y la falta de consensos definitivos complican la meta central de la Casa Rosada de modificar las reglas de juego de cara a 2027.
El margen temporal con el que cuenta el Gobierno nacional para aprobar la reforma electoral en el Congreso se reduce aceleradamente, poniendo en riesgo la estrategia trazada por el oficialismo de cara a las elecciones de 2027. De acuerdo con los plazos establecidos por la Cámara Nacional Electoral, octubre configuraba el período clave para habilitar el debate en el Senado; sin embargo, los tiempos se escurren y el oficialismo advierte que, de no conseguirse un dictamen en lo que resta de la semana, la iniciativa se tornará sumamente compleja.
Uno de los principales escollos radica en la falta de consensos definitivos con los gobernadores provinciales, particularmente dentro del radicalismo. A pesar de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, asegura contar con los votos necesarios para obtener la media sanción, mandatarios como el mendocino Alfredo Cornejo resisten la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) debido a sus propias disputas e intereses de reordenamiento territorial frente a las aspiraciones de sectores libertarios. A esto se suman las advertencias sobre posibles judicializaciones si los cambios electorales se introducen demasiado cerca de los comicios.
En este marco, la Casa Rosada ha reducido prácticamente el núcleo de la reforma a la supresión de las PASO, convirtiéndola en una prioridad política absoluta para asegurar un nuevo mandato de Javier Milei. No obstante, dentro del propio espacio gobernante reconocen que esta apuesta totalizadora conlleva un riesgo latente de convertirse en un «boomerang» político. Con otros frentes abiertos como el Presupuesto 2027 y las tensiones internas expuestas por figuras como Patricia Bullrich, la administración libertaria enfrenta un escenario parlamentario de resolución incierta.
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