El Ministerio de Salud lanzó la Resolución 536/2026 que busca centralizar los bancos de sangre y garantizar la donación voluntaria y gratuita.
A través de la Resolución 536/2026, el Gobierno Nacional puso en marcha una reforma integral del Sistema Nacional de Sangre que busca saldar una deuda de más de una década con la medicina transfusional. La medida no solo moderniza los estándares de seguridad y calidad, sino que elimina prácticas que históricamente recaían como una carga sobre las familias de los pacientes: a partir de ahora, queda explícitamente prohibido condicionar cirugías o turnos médicos a la presentación de donantes.
La nueva normativa establece que el modelo de «donación de reposición» (pedir dadores a familiares) debe ser reemplazado por un sistema 100% voluntario y habitual. La lógica detrás de este cambio es técnica: el donante que concurre de forma altruista y recurrente estadísticamente ofrece una seguridad transfusional mucho mayor que aquel que se ve presionado por una urgencia familiar.
Otro punto central es la actualización de los criterios de selección. La resolución elimina exclusiones de grupos poblacionales que eran consideradas obsoletas y discriminatorias. Ahora, la aptitud para donar se evaluará en función de conductas individuales y evidencia científica, y no por pertenencia a determinados colectivos. Además, se introducen cambios prácticos para el donante: ya no será necesario el ayuno previo (de hecho, se recomienda la hidratación previa) y los tiempos de espera tras tatuajes o nuevas parejas sexuales se estandarizan en seis meses.
Para garantizar la calidad de cada unidad, la norma dispone la informatización obligatoria de los registros y una trazabilidad total, desde que la sangre sale del donante hasta que llega al receptor. En términos logísticos, esto fortalecerá a los Centros Regionales de Hemoterapia y prevé el cierre progresivo de los pequeños bancos de sangre intrahospitalarios en favor de una red integrada más eficiente y segura.
Las instituciones de salud de todo el país cuentan con un plazo de dos años para adaptarse a estos cambios tecnológicos y estructurales. Con este marco, Argentina busca alinearse con los estándares internacionales más avanzados, priorizando un sistema solidario que garantice el acceso a la salud sin que la búsqueda de sangre sea una barrera para el tratamiento médico.

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