La Sala IV rechazó los recursos de las defensas y ordenó ejecutar los bienes para resarcir al Estado por un fraude estimado en $685.000 millones. La medida alcanza propiedades de la expresidenta y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
En un fallo de alto impacto político y patrimonial, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó el decomiso de 111 inmuebles vinculados a los condenados en la causa Vialidad. La resolución, firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, busca recuperar parte del perjuicio económico causado al Estado Nacional mediante el esquema de corrupción en la obra pública de Santa Cruz.
El detalle del decomiso incluye una propiedad a nombre de Cristina Kirchner, 84 inmuebles pertenecientes al empresario Lázaro Báez y sus empresas, y 19 propiedades que pertenecen a Máximo y Florencia Kirchner. Las defensas habían intentado frenar la medida argumentando que muchos de estos bienes fueron heredados de Néstor Kirchner o adquiridos antes del período investigado, alegando «buena fe» y la falta de un nexo directo con los fondos ilícitos.
Sin embargo, el voto mayoritario de Casación rechazó estos planteos, sosteniendo que en casos de criminalidad económica organizada no es exigible un rastreo contable «perfecto» de cada billete. Los magistrados explicaron que basta con acreditar una coincidencia temporal y una vinculación económica razonable entre la maniobra delictiva y el incremento patrimonial para proceder al decomiso, incluso si los bienes fueron transferidos a herederos.
Por su parte, el juez Borinsky presentó una disidencia parcial, proponiendo revisar la situación de los 19 inmuebles heredados por los hijos de la exmandataria, aunque su postura no prosperó frente al resto del tribunal. Todos los bienes afectados pasarán ahora a la órbita de la Corte Suprema de Justicia para su administración y posterior venta con el fin de resarcir las arcas públicas.
Cabe recordar que Cristina Kirchner cumple actualmente una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, bajo la modalidad de arresto domiciliario en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires. Con esta resolución, la Justicia avanza en la etapa de ejecución de la pena económica, una de las más cuantiosas en la historia judicial argentina.

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