Alerta ambiental y sanitaria: exigen informes a municipios bonaerenses por altos niveles de arsénico en el agua

A partir de los datos del Mapa de Arsénico del ITBA, el Consejo Profesional de Química solicitó detalles sobre los controles vigentes en distintas comunas del territorio provincial y del conurbano.

El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ) inició un reclamo formal ante distintos municipios bonaerenses luego de que se confirmaran concentraciones elevadas de arsénico en varias fuentes de abastecimiento de agua. La iniciativa se fundamenta en los datos aportados por la actualización del Mapa de Arsénico elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), lo que motivó el envío de notas formales a las comunas afectadas para exigir información detallada sobre los controles, la frecuencia de los muestreos y las obras en curso.

Si bien la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino fijan un límite general de 10 microgramos por litro para el agua potable —admitiendo de manera excepcional hasta 50 microgramos por litro en suelos con presencia natural del mineral—, las mediciones arrojaron valores muy superiores en diversos distritos. Entre los casos reportados se encuentran Guaminí (295 ug/l), 9 de Julio (hasta 165 ug/l), San Vicente (163 ug/l), Monte (146 ug/l), Partido de la Costa (147 ug/l), Mercedes (105 ug/l) y Chivilcoy (94 ug/l), además de registros en el conurbano como Vicente López (117 ug/l), Ezeiza (96 ug/l), General Rodríguez (67 ug/l) y Almirante Brown (56 ug/l).

Ante este panorama, el CPQ enfatizó que la presencia natural del elemento en la región no justifica la falta de fiscalización ni la opacidad informativa, reclamando canales de comunicación abiertos y monitoreos constantes. El reclamo cobra mayor sustento legal a raíz del antecedente judicial en Bragado, donde la Corte Suprema ratificó la condena a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) para garantizar infraestructura y potabilidad, reafirmando que el acceso al agua segura es un deber indelegable del Estado y de las prestatarias.