La administración de Javier Milei busca retomar la iniciativa política mediante una agresiva agenda de transferencias de activos estatales al sector privado. Con el asesoramiento técnico de Diego Chaher, el Ministerio de Economía prioriza carpetas urgentes como Belgrano Cargas, Intercargo, AySA y el Correo Argentino, buscando consolidar un nuevo modelo de gestión antes del año electoral y dejando a Trenes Argentinos temporalmente fuera del cronograma inmediato.
El Poder Ejecutivo Nacional busca capitalizar el segundo semestre para consolidar su modelo económico y exhibir resultados de gestión concretos que disipen los ruidos políticos generados por los recientes recambios en el gabinete ministerial. La estrategia oficial coordinada desde Balcarce 50 apunta a acelerar de forma drástica los expedientes de privatización, concesión y esquemas mixtos de empresas públicas para que la mayor cantidad de activos estatales se encuentren bajo órbita privada de cara al año electoral. Lejos de perseguir una meta exclusivamente recaudatoria en materia de divisas, la prioridad política de la Casa Rosada radica en instalar nuevos esquemas operativos eficientes que muestren un impacto directo antes del verano, abarcando desde la administración de corredores viales hasta la logística portuaria y el saneamiento urbano. El primer hito de este proceso se concretará con la reconfiguración de Belgrano Cargas, donde el Palacio de Hacienda prevé segmentar la licitación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, permitiendo ofertas independientes y competitivas por unidades de infraestructura, talleres y operación ferroviaria.
En el pelotón de las compañías listas para el traspaso, la Jefatura de Gabinete exhibe con especial optimismo la situación del Correo Argentino, un activo que presenta un menor costo político y un saneamiento financiero inédito que arroja ingresos corrientes por $774.126 millones frente a gastos de $720.308 millones, generando un superávit económico de $53.818 millones. Esta realidad financiera positiva le permitirá a la firma prescindir de aportes del Tesoro y realizar transferencias por $60.000 millones hacia la Administración Nacional, proyectando además una reducción de la dotación de personal a 11.436 empleados para diciembre de 2026. En sintonía con esta celeridad, el Gobierno adelantó al 2 de junio la presentación de ofertas por el 100% de las acciones de Intercargo, la firma estatal de servicios de rampa aeroportuaria, al tiempo que reactivó la licitación de la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía, donde las compañías belgas Jan De Nul y DEME picaron en punta al igualar la oferta económica mínima para quedarse con el principal corredor del comercio exterior argentino.
El cronograma formal de privatizaciones también fijó plazos definitivos para la desinversión en servicios públicos masivos e infraestructura vial regulada. El Estado Nacional formalizó el llamado a licitación para desprenderse del 90% de las acciones de AySA, reservando el 10% restante para los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada; el operador estratégico nacional o internacional que asuma la conducción a partir del 27 de agosto deberá administrar una compañía con ingresos corrientes proyectados por $1,633 billones, pero que aún demanda fuertes transferencias de capital para la finalización de obras de agua y saneamiento. De forma simultánea, el Ministerio de Economía evalúa las propuestas de 20 oferentes para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, un esquema con el que el oficialismo busca aliviar las arcas fiscales y reactivar de inmediato el empleo en el sector de la construcción.
El mapa del repliegue estatal en el área energética ya ostenta un logro concreto tras la adjudicación de las acciones públicas en CITELEC, controlante de Transener, a las firmas Genneia y Edison Transmisión por un monto de US$ 356 millones, superando con holgura el valor base establecido. Este resultado alienta al Palacio de Hacienda a avanzar con las desinversiones en centrales térmicas y concesiones hidroeléctricas vinculadas a ENARSA, así como en los procesos jurídicos sobre la Casa de Moneda y Tandanor. No obstante, el tablero oficial expone realidades dispares: mientras el caso de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) permanece trabado por su alta sensibilidad política territorial y se evalúa transferir su operación a la provincia de Santa Cruz, Trenes Argentinos fue ratificada como la gran excepción del calendario, debido a que el Ejecutivo reconoce que no existen condiciones de mercado para privatizar la red de pasajeros metropolitana sin convalidar un fuerte e impopular incremento en el precio del boleto.
Más historias
El final de una agonía: renunció Manuel Adorni tras meses de desgaste judicial y político
Las Fuerzas Armadas argentinas ya operan en Venezuela para asistir tras la devastación de los terremotos
La estrategia de la fragmentación: la reaparición de Berni como motor de tensión interna