Los rectores, los gremios docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA) reclamaron el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento. Advirtieron que el Gobierno nacional aún no giró un solo peso en lo que va de 2026 para el funcionamiento de los centros de salud universitarios y exigieron paritarias inmediatas.
El frente de conflicto entre el Poder Ejecutivo nacional y el sistema de educación superior sumó un nuevo capítulo de máxima tensión institucional ante el endurecimiento de los reclamos salariales y presupuestarios. A través de un documento conjunto firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, las autoridades y los representantes gremiales exigieron de manera perentoria la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional con las autoridades nacionales. El principal objetivo de este requerimiento formal apunta a garantizar la transferencia efectiva de las partidas adeudadas y el estricto cumplimiento de la ley vigente, priorizando de manera urgente la recomposición salarial para docentes y no docentes, un componente crítico si se considera que los haberes del personal representan el 90% del gasto total de la estructura universitaria en el país.
La disputa presupuestaria se ve fuertemente agravada por la delicada situación que atraviesan los centros asistenciales de alta complejidad dependientes de las casas de estudio, los cuales aún no han recibido cuota alguna de las partidas asignadas en el Presupuesto 2026 por parte de la administración central. Esta parálisis financiera encendió las alarmas sociosanitarias semanas atrás, cuando las autoridades de los seis hospitales dependientes de la UBA denunciaron la retención de los recursos y advirtieron sobre el riesgo inminente de paralizar sus servicios esenciales. En respuesta a las presiones, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, remitió una notificación oficial a los directores hospitalarios con el fin de relevar las necesidades específicas de cada institución y activar una comisión técnica que coordine la distribución de una partida global de $79.000 millones, intentando contrarrestar el reclamo de la UBA, que solicita el 94,5% de dicho fondo.
En el plano judicial, el Ministerio de Capital Humano intenta acercar una propuesta de financiamiento condicionada que busca amortiguar el impacto fiscal de la normativa aprobada por el Congreso Nacional, reconociendo únicamente la pérdida del poder adquisitivo salarial sufrida durante el período de 2025 y omitiendo los retroactivos correspondientes al año 2023. A cambio de esta vía de financiamiento previsible, el Poder Ejecutivo exige que las universidades desistan de la medida cautelar que actualmente aguarda una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia. De obtener un fallo adverso en el máximo tribunal, la administración nacional se vería obligada a desembolsar una cifra estimada en $2,5 billones de pesos para saldar las deudas acumuladas en materia de salarios y becas estudiantiles, un escenario que mantiene en vilo las metas fiscales oficiales.
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