La Casa Rosada retiró del proyecto de «Propiedad Privada» el articulado que permitía desalojos en barrios populares. La fuerte resistencia de la Iglesia, la falta de votos en el Senado y el anticipo del comunicador libertario sobre el «fin de las villas» forzaron el retroceso.
En una sorpresiva maniobra parlamentaria, el Gobierno nacional decidió sacrificar el tramo más conflictivo de su proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada». La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, buscaba habilitar juicios sumarísimos para desalojos, lo que ponía en jaque la protección vigente sobre más de 6.400 barrios populares en todo el país. El detonante de la retirada fue la combinación de un rechazo tajante de la Iglesia Católica y un posteo del comunicador oficialista Iñaki Gutiérrez, quien «primereó» al Gobierno al asegurar que la ley terminaría con los asentamientos en Argentina, encendiendo las alarmas de la oposición y de los bloques aliados.
La movida comunicacional de Gutiérrez, quien afirmó en redes que «se terminaron las villas en toda la Argentina», aceleró una reacción en cadena que dejó al oficialismo sin los votos necesarios en el Senado. El Gobierno admitió que, para salvar el resto de la ley, debía eliminar los artículos que chocaban con la Ley 27.453 (sancionada durante el macrismo), la cual protege a los habitantes de barrios populares mientras se tramita su integración urbana.
El peso de la Iglesia y los números de la crisis:
- Advertencia de Cáritas: El arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, fue una de las voces más críticas en el Senado. «¿Dónde vamos a poner a cinco millones de personas si son desalojados?», cuestionó, recordando que la mayoría de estos barrios se conformaron hace más de dos décadas por déficit habitacional.
- Impacto en la Provincia: Se estima que gran parte de los 870.000 certificados de vivienda familiar entregados en el país corresponden al Conurbano bonaerense, zona que hubiera sido el epicentro de los desalojos masivos.
- Lo que queda del proyecto: Pese al recorte, el Gobierno mantiene los cambios en la Ley de Manejo del Fuego, la flexibilización para que extranjeros compren tierras rurales y la agilización de desalojos en otros supuestos fuera de los barrios registrados.
La marcha atrás representa una derrota política para el ala de Sturzenegger, que buscaba una reforma radical del derecho a la propiedad. Por ahora, el «protocolo de desalojo inmediato» quedó en suspenso, mientras la Casa Rosada intenta reordenar su estrategia legislativa para no seguir perdiendo apoyo en la Cámara Alta.
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