Emergencia universitaria: los salarios docentes son los más bajos de los últimos 23 años

En una multitudinaria Marcha Federal, rectores y gremios denunciaron que el financiamiento cayó un 45% en términos reales bajo la gestión actual. Alertan por el congelamiento de becas y la renuncia masiva de investigadores por ingresos que no cubren la canasta básica.

La cuarta Marcha Federal Universitaria marcó un nuevo hito en la resistencia del sector académico frente al ajuste presupuestario del Gobierno nacional. A través de un duro documento titulado «203 días sin aplicar la Ley», el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las principales federaciones gremiales denunciaron que los salarios universitarios se desplomaron a su nivel más bajo desde la crisis de 2001. La movilización a Plaza de Mayo, que contó con una fuerte presencia de las columnas de las universidades del Conurbano y el interior bonaerense, exigió el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.

El informe presentado por las autoridades académicas ofrece cifras alarmantes sobre el desfinanciamiento del sistema. Según el relevamiento, entre 2023 y 2026 las transferencias del Estado sufrieron una caída real del 45,6%, lo que equivale a haber dejado de percibir fondos para casi nueve meses de funcionamiento.

Los puntos clave de la crisis:

• Brecha salarial: Mientras la inflación acumulada rozó el 293,3%, los aumentos salariales apenas alcanzaron el 147,3%. Esto representa la pérdida de casi 11 sueldos completos en el periodo analizado.
• Fuga de cerebros: El documento advierte que los bajos ingresos —los peores del Estado nacional y los más bajos de América Latina— están provocando la renuncia de profesionales altamente formados, lo que pone en riesgo la investigación científica.
• Ajuste en becas: Se denunció el congelamiento de las Becas Progresar y la suspensión de estímulos a vocaciones científicas, pilares fundamentales para la permanencia de los estudiantes en las aulas.

Defensa del modelo argentino:

Para los firmantes, el ataque al presupuesto no es solo económico, sino que afecta el «contrato social». El documento define a la universidad pública como el único instrumento real de movilidad social ascendente en el país, un valor que consideran una «responsabilidad extrema a preservar» frente a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

La declaración final incluyó un pedido directo a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga ante el incumplimiento de las leyes de financiamiento sancionadas por el Congreso. En un clima de profunda incertidumbre, la comunidad universitaria dejó un mensaje claro: sin inversión en educación y ciencia, el futuro de prosperidad del país es «solo un sueño».