Cuentas claras: el Gobierno aprobó el Presupuesto Consolidado 2026 y lo envía al Congreso

A través de la Decisión Administrativa 18/2026, el Ejecutivo formalizó el informe que detalla las transacciones netas de todo el sector público. El documento incluye desde la Administración Nacional hasta empresas estatales y fondos fiduciarios, buscando exponer el peso real del Estado en la economía.

En un paso clave para la transparencia fiscal, el Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional para el Ejercicio 2026. La medida, impulsada conjuntamente por la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía, funciona como una «radiografía» integral de las finanzas estatales. El informe será remitido al Congreso de la Nación para su análisis, cumpliendo con las obligaciones de la Ley de Administración Financiera.

A diferencia del presupuesto ordinario, el Presupuesto Consolidado no modifica las partidas de dinero de cada organismo, sino que agrupa la información de toda la estructura pública en un solo documento. Esto permite ver, sin duplicaciones, cuánto gasta e invierte realmente el Estado Nacional en su interacción con el sector privado y el resto de la economía.

El documento integra los números de cuatro grandes áreas:

• La Administración Nacional (Ministerios y organismos centrales).
• Las empresas públicas no financieras.
• Los entes públicos excluidos de la administración central.
• Los fondos fiduciarios, que han estado bajo la lupa oficial en los últimos meses.

Desde la Casa Rosada destacaron que esta herramienta es fundamental para el control legislativo y ciudadano, ya que permite evaluar de forma técnica el impacto de las políticas económicas y el tamaño del gasto público consolidado. La elaboración estuvo a cargo de la Oficina Nacional de Presupuesto, garantizando el cumplimiento del artículo 55 de la Ley 24.156.

Con este envío, el Ejecutivo busca dar señales de previsibilidad fiscal al mercado y a la oposición en el Congreso, en un año marcado por la rigidez en el control del déficit y la reestructuración de las empresas estatales.