Un fiscal de Moreno solicitó la inhibición de bienes tras identificar a siete menores involucrados en falsas alarmas de ataques. Incautaron armas y dispositivos electrónicos en siete viviendas.
La fiscal de Responsabilidad Juvenil, Alejandra Piqué, junto a las titulares de la UFI N°7 de Moreno-General Rodríguez, solicitó formalmente el embargo de bienes para los padres de los alumnos involucrados en amenazas de ataques armados contra escuelas del distrito. La investigación se aceleró tras registrarse un pico de 70 denuncias el pasado jueves, lo que derivó en la identificación de siete menores, dos de los cuales son punibles por tener 16 años.
Durante la jornada del martes, la DDI local llevó a cabo siete allanamientos simultáneos. En los procedimientos se incautaron armas de fuego que coinciden con las exhibidas por los estudiantes en videos amenazantes publicados en redes sociales. Además, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, tablets y computadoras que serán peritados para determinar el alcance de las maniobras de intimidación.
La medida económica solicitada a la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino, apunta a resarcir al Estado por los gastos derivados de los despliegues policiales y los cambios en los protocolos de seguridad. Si bien las clases no fueron suspendidas, la Fiscalía de Estado de la Provincia deberá estipular el monto del daño ocasionado, siguiendo el modelo utilizado previamente ante las falsas amenazas de bomba.
Este endurecimiento en la respuesta judicial se alinea con decisiones tomadas en otros distritos del país, donde se busca que los tutores legales asuman la responsabilidad civil por los actos de los menores. En provincias como Santa Fe y ciudades como Mar del Plata, ya se han tasado operativos similares en cifras millonarias, advirtiendo que los padres son solidariamente responsables por los perjuicios causados por sus hijos.
Los menores sospechosos fueron notificados por el delito de intimidación pública y citados a indagatoria junto a sus progenitores. Las autoridades de seguridad recalcaron que no se tolerarán este tipo de acciones que alteran la paz social y advirtieron que los involucrados podrían enfrentar antecedentes que limiten trámites futuros como permisos de viaje o certificados de conducta.
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