El proyecto, a la espera de la autorización de la Corte para una prueba piloto, busca ordenar la comunicación centrada en los hijos y evitar que los intercambios escalen a nuevas disputas legales.
La cotidianeidad de las familias atravesadas por una separación suele prolongarse en los teléfonos mediante cruces por horarios de retiro, organización de visitas o decisiones vinculadas a la crianza de los hijos que, con frecuencia, escalan hacia intercambios hostiles. Frente a esta problemática recurrente en los tribunales, María Laura Lucchini, titular del Juzgado Familiar N.º 9 de Morón, ideó una aplicación basada en inteligencia artificial con el propósito de ordenar la comunicación entre los adultos, proponer formas asertivas de redactar los mensajes y registrar los diálogos para su eventual incorporación a un expediente digital.
La iniciativa surgió de la observación directa en las audiencias judiciales, donde la magistrada detectó que muchos progenitores necesitan herramientas de contención y reordenamiento del vínculo parental, pero carecen de recursos económicos para costear terapias privadas o sufren las demoras del sistema público de salud. Ante este escenario, la plataforma opera como un entorno de mensajería independiente donde la inteligencia artificial analiza el contenido previo al envío, detecta expresiones agresivas y sugiere alternativas centradas en las necesidades concretas de los menores, permitiendo conservar el reclamo práctico sin la carga de insultos o descalificaciones.
No obstante, el sistema no bloquea el texto original ni obliga al usuario a aceptar la sugerencia: las partes tienen la libertad de rechazarla y enviar la redacción inicial, aunque la aplicación almacena de manera inalterable tanto la versión original como la propuesta y la enviada. Esta regla de resguardo busca evitar manipulaciones posteriores de las conversaciones, las cuales podrán ser exportadas en archivos PDF para respaldar presentaciones ante la justicia. Actualmente, el proyecto se encuentra a la espera de la autorización de la Corte para dar inicio a una prueba piloto, tras haber entregado los códigos informáticos y los protocolos de protección de datos privados.
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