El gobernador bonaerense se presentó en el máximo tribunal para la segunda audiencia con el gobierno nacional. La provincia exige el pago de transferencias para el instituto de previsión social que fueron suspendidas por la gestión de Javier Milei.
La disputa por los fondos jubilatorios de la provincia de Buenos Aires llegó a una instancia decisiva en la corte suprema de justicia de la nación. Este martes, el gobernador Axel Kicillof se presentó personalmente ante el máximo tribunal para reclamar una deuda que asciende a $2,2 billones. El conflicto se centra en las transferencias que la administración nacional de seguridad social (anses) debe girar a la caja previsional provincial, pagos que se encuentran interrumpidos y que han generado un fuerte cruce político y judicial.
La audiencia, convocada por la secretaría de juicios originarios, busca forzar un acuerdo entre la plata y casa rosada. Mientras que el gobierno nacional sostiene que las auditorías sobre el déficit previsional no están finalizadas, el ministro de economía, Pablo López, y la presidenta del ips, Marina Moretti, argumentan que el estado nacional está violando la normativa vigente al suspender los giros mensuales que establecía el presupuesto.
El reclamo bonaerense incluye deudas acumuladas desde 2020, pero se agravó en marzo de 2024, cuando el presidente Javier Milei firmó el decreto 280. Dicha norma suspendió los artículos que obligaban a la nación a liquidar fondos a las provincias que, como Buenos Aires, no transfirieron sus cajas jubilatorias al sistema nacional. Según la administración de Kicillof, esta medida desfinancia de manera ilegal al sistema previsional bonaerense.
En la previa de este encuentro, gremios como suteba y otros integrantes del frente de unidad docente bonaerense realizaron marchas frente a las sedes de la anses en toda la provincia. Las organizaciones sindicales denuncian que la retención de estos fondos es parte de un plan para avanzar sobre los derechos adquiridos y las condiciones de jubilación de los trabajadores estatales bonaerenses.
La corte suprema exigió a ambas administraciones que presenten intercambios de información técnica para intentar destrabar el conflicto. La resolución de esta puja es vital para la estabilidad del banco provincia y la caja de policía, organismos que dependen de la regularización de estas transferencias para garantizar el pago de haberes en el futuro cercano.
Más historias
«Soberbia y arrogancia»: el PRO de Macri lanzó una dura advertencia al Gobierno
Milei reúne a su Gabinete para blindar a Adorni y reactivar la agenda de reformas
«Aquí no hay lugar para la motosierra»: Kicillof defendió la obra pública en el interior