Javier Alonso le respondió al funcionario nacional que acusó al gobernador Axel Kicillof de ponerse “del lado del delincuente”.
La suspensión temporal en la provincia de Buenos Aires del nuevo Régimen Penal Juvenil desató un fuerte cruce político entre el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Mientras desde el Ejecutivo nacional acusaron al gobernador Axel Kicillof de alinearse “del lado del delincuente”, la administración provincial retrucó que la normativa, sin el presupuesto, la infraestructura y los juzgados necesarios, es solo “una modificación en los papeles”.
El entredicho comenzó cuando Santilli cuestionó duramente el silencio del mandatario provincial ante el fallo judicial: “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia, si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune”, sostuvo, y sentenció que el gobernador se pone «del lado del delincuente, nunca de la víctima».
La respuesta de Javier Alonso no tardó en llegar a través de sus redes sociales. El ministro bonaerense interpeló al funcionario nacional señalando la falta de recursos enviados desde la Rosada: “Bajar la edad de imputabilidad no alcanza. ¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?”. Asimismo, le cuestionó por qué le reclama al Ejecutivo provincial una decisión que compete al Poder Judicial, apelando a la división de poderes.
El argumento judicial que frenó la norma
La controversia se originó luego de que la jueza Marta Elba Pascual hiciera lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La magistrada ordenó suspender la aplicación de la ley por 60 días para evaluar si existen las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a los adolescentes de 14 y 15 años sin violar los estándares de derechos humanos de la niñez.
Además, la jueza convocó a una audiencia clave para el 16 de septiembre, en la cual los funcionarios de la Provincia deberán detallar qué medidas y previsiones presupuestarias se adoptaron para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo régimen penal.
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