La gestión de Javier Milei intensificó la aplicación de su política de «motosierra» sobre el gasto público, afectando severamente los recursos que la Nación envía a las provincias por fuera de la coparticipación automática. En junio, los envíos discrecionales se redujeron un 87,7% real, sumando apenas $48.300 millones en todo el país. Esta decisión, que deja prácticamente vacía la billetera de ayuda extra, se combina con una caída en la recaudación que reduce también los ingresos automáticos, forzando a las administraciones locales a un escenario de máxima austeridad.
A pesar del recorte generalizado, el Gobierno mantuvo el flujo hacia sectores específicos, centralizando el 69% de los pagos de junio en tres pilares: la Universalización de la Jornada Extendida (que concentró más del 50% de los fondos), los servicios de agua potable y saneamiento, y el financiamiento de cajas previsionales provinciales. En este reparto limitado, la provincia de Buenos Aires lideró la recepción de fondos con el 27,2% del total, orientados casi exclusivamente al ámbito escolar. Por detrás, Corrientes (10,4%) y Santa Fe (9,5%) completaron el podio de los distritos que lograron percibir asistencia, principalmente ligada a obligaciones previsionales o educativas.
Un aspecto central de esta política de restricción es la anulación total de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la herramienta que habitualmente utilizaban los gobernadores para atender emergencias. Por segundo mes consecutivo, el Ejecutivo mantuvo esta caja cerrada, sin enviar asistencia de emergencia a ninguna jurisdicción durante todo junio. Casos como el de Mendoza ilustran esta nueva normalidad: aunque la provincia recibió fondos en meses anteriores para paliar la emergencia agropecuaria, en junio los ingresos bajo esta vía fueron nulos, confirmando una estrategia de «asistencia cero» que no distingue entre provincias alineadas o críticas al Gobierno.
La delicada situación se completa con el descenso de la Coparticipación Federal de Impuestos, que en junio registró una caída del 8,4% real, producto de la baja en la recaudación a nivel nacional. Este doble escenario de escasez —menos transferencias discrecionales y menores ingresos automáticos— plantea un desafío de gestión inédito para los mandatarios provinciales. Con la billetera cerrada para auxilios extraordinarios y una recaudación que no logra recuperarse, las provincias se ven obligadas a profundizar sus propios recortes, mientras la Casa Rosada insiste en que el ordenamiento fiscal es la prioridad absoluta para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas.
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