La dictación de la conciliación obligatoria por parte del Gobierno bonaerense no es solo una medida administrativa para frenar 150 despidos, sino un movimiento táctico en la pulseada entre la gestión de Axel Kicillof y el esquema industrial de Javier Milei. La crisis en la planta de Valentín Alsina, propiedad de Techint, ha dejado al descubierto las tensiones por la pérdida de licitaciones estratégicas en favor de empresas extranjeras y el impacto político del RIGI, transformando un conflicto gremial en un caso testigo sobre la soberanía productiva y el rol del Estado en la economía actual.
La resolución firmada por el ministro de Trabajo, Walter Correa, obliga a una tregua de 15 días, pero el trasfondo político del conflicto es ineludible. Desde la administración provincial, la lectura es clara: los trabajadores están siendo víctimas de una «mala jugada política» derivada de la decisión del Ejecutivo nacional de abrir la competencia en el suministro de tubos para proyectos energéticos. La pérdida del contrato para el gasoducto que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro —adjudicado a una firma india por un costo menor— fue el disparador que expuso la relación rota entre Milei y Paolo Rocca, quienes pasaron de una alianza estratégica a un enfrentamiento abierto tras las críticas públicas del Presidente al empresario.
El impacto político de la medida se potencia por el contexto del RIGI. La incorporación de este régimen en la Ley Bases ha generado una fractura interna en la industria nacional, donde los gremios y las autoridades provinciales ven un esquema que privilegia las importaciones sobre la capacidad instalada local. La planta de Tenaris SIAT, que supo ser un pilar de la soberanía energética durante la construcción del gasoducto NK, es hoy el escenario donde la política industrial libertaria choca de frente con la realidad del Conurbano bonaerense, donde el cierre de establecimientos ha comenzado a erosionar el tejido social y la paz gremial.
El desenlace de esta audiencia, fijada para el 13 de julio, tendrá un impacto político que irá más allá de Lanús. Con la UOM nacional intervenida judicialmente, la capacidad de articulación sindical está bajo presión, convirtiendo al Ministerio de Trabajo bonaerense en la última trinchera de resistencia frente a lo que el gremio considera un desguace industrial. El oficialismo provincial busca posicionarse como el garante de la estabilidad laboral, mientras que desde la Casa Rosada observan el caso como una muestra de su intención de desregular el mercado sin reparos, incluso a costa de las relaciones históricas con los grandes actores del capital local.
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