El máximo tribunal de la Nación desestimó el recurso extraordinario interpuesto por el Poder Ejecutivo y dejó vigente la orden judicial que exige la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. La resolución garantiza la actualización automática de las becas estudiantiles por inflación y el ajuste de los haberes docentes y no docentes, en un contexto donde el sector académico reclamaba una recomposición salarial que, según estimaciones de los gremios, debería alcanzar un incremento adicional del 29% para equiparar la pérdida frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La controversia, que se prolongó durante meses, alcanzó su punto de inflexión cuando el Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Javier Milei, intentó suspender la normativa mediante el decreto 759/25, argumentando un impacto fiscal estimado en 2,5 billones de pesos. Sin embargo, la Corte Suprema evitó expedirse sobre el fondo de la cuestión —la inconstitucionalidad del decreto— y se centró en un aspecto procesal: al no tratarse de una sentencia definitiva, el recurso del Estado fue rechazado, manteniendo activa la medida precautoria dictada en primera instancia por el juez federal Martín Cormick.
El titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, celebró el fallo como un triunfo de la responsabilidad institucional y la defensa de la universidad pública. «Es un paso más, no llegamos a ningún lado, hay que seguir trabajando», manifestó el rector en redes sociales. Por su parte, la comunidad educativa, representada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), celebró la noticia recordando que la actualización de las Becas Progresar y otros programas estudiantiles resulta vital para evitar la deserción escolar ante el complejo escenario socioeconómico actual.
Aunque a principios de junio se había firmado un acta acuerdo por una recomposición salarial del 24,3%, este nuevo fallo judicial obliga al Ejecutivo a ir más allá, reabriendo la discusión paritaria. Mientras el Gobierno mantiene su política de ajuste fiscal, el sector universitario ya ha fijado un nuevo cuarto intermedio para las negociaciones el 15 de septiembre, donde se buscará discutir el desfasaje acumulado del año 2024. Por el momento, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal continúa con el estudio del expediente de fondo, que determinará, de forma definitiva, la validez del decreto gubernamental frente a la ley votada por el Congreso.
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