En una jornada clave para la agenda legislativa, intendentes, concejales y legisladores bonaerenses se movilizan hoy al Congreso de la Nación para presentar un petitorio contra la restricción del régimen de Zona Fría.
La iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei busca acotar el beneficio a un esquema similar al de 2002, limitándolo a la Patagonia, la Puna y Malargüe, lo que dejaría fuera a 94 municipios bonaerenses. El reclamo, que cuenta con el aval de dirigentes del peronismo y el Frente Renovador, sumó además el rechazo del Foro de Intendentes Radicales, configurando una resistencia transversal ante el temor de una escalada significativa en las facturas de gas.
El núcleo del conflicto radica en la modificación del cálculo de los subsidios. Actualmente, el descuento del 30% al 50% se aplica sobre el total de la factura, protegiendo al usuario de los costos de distribución y transporte. El nuevo proyecto, sin embargo, propone que el beneficio recaiga exclusivamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un componente que representa apenas una fracción menor del costo final. Según proyecciones técnicas, esta alteración no solo excluirá a vastas zonas de la Provincia, sino que provocará un aumento real en la tarifa residencial, ya que el Estado dejará de cubrir los cargos fijos vinculados al Valor Agregado de Distribución (VAD) y al costo del transporte troncal.
El petitorio que será entregado a legisladores clave, como Máximo Kirchner, Eduardo «Wado» De Pedro y Juliana Di Tullio, pone de manifiesto que el impacto económico será profundo. Para un usuario que actualmente abona una cifra con subsidio total sobre la boleta, la transición al nuevo esquema implicaría un salto tarifario considerable. Al reducirse el beneficio a un porcentaje sobre el PIST, el ahorro efectivo en la factura final se desplomaría, dejando a los hogares frente a un ajuste que superaría los niveles actuales de bonificación. Ante este escenario, la presión en el Senado busca alertar sobre el riesgo social de quitar esta red de protección en las regiones más frías del interior, defendiendo la vigencia de la ley ampliada en 2021 como un mecanismo esencial para garantizar la calefacción en los meses de invierno.
Más historias
El final de una agonía: renunció Manuel Adorni tras meses de desgaste judicial y político
Las Fuerzas Armadas argentinas ya operan en Venezuela para asistir tras la devastación de los terremotos
La estrategia de la fragmentación: la reaparición de Berni como motor de tensión interna