En una nueva avanzada de su programa de simplificación administrativa, el Poder Ejecutivo suprimió más de 15 disposiciones vinculadas a la actividad comercial e industrial mediante la Resolución 12/2026.
La medida, rubricada por la Secretaría de Coordinación de Producción, tiene como objetivo principal despejar el entramado regulatorio que, según fundamentó la administración, dificultaba la operatoria empresarial y carecía de sustento legal tras la implementación de la Ley de Bases y el DNU 70/2023.
La resolución, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, marca un hito en la estrategia del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para eliminar lo que consideran «hojarasca» normativa que entorpece la libertad económica. El listado de normas suprimidas, que abarca resoluciones emitidas entre 2006 y 2025, incluye los pilares del control de precios y esquemas intervencionistas que habían sido dictados al amparo de leyes ya eliminadas, como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el Observatorio de Precios. Entre los puntos más destacados, se encuentran la caída definitiva de las regulaciones que permitían la intervención directa sobre los valores de mercado y la eliminación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, consolidando así un cambio de paradigma hacia la desregulación total de los procesos productivos.
Desde la Secretaría de Industria y Comercio precisaron que la acumulación de normativas durante años provocó una superposición burocrática y una inseguridad jurídica que afectaba la competitividad del sector privado. Esta depuración de procedimientos se alinea con el espíritu del proyecto de ley promovido por el ministro Federico Sturzenegger, el cual propone la eliminación de una vasta cantidad de leyes y decretos obsoletos que, a juicio del Gobierno, resultan incompatibles con el nuevo orden económico. Con esta medida, la administración de Javier Milei busca reducir los costos administrativos para empresas y ciudadanos, garantizando que el marco regulatorio sea más austero y eficiente, eliminando las restricciones que, según el oficialismo, funcionaban como trabas al desarrollo de la actividad formal y a la libre comercialización de bienes en todo el territorio nacional.
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