Tras la aprobación de una sesión extraordinaria en el plano deliberativo local, el titular del área de control criminal de la comuna compareció en el recinto parlamentario para responder un extenso pliego de preguntas sobre el caso de la exdirectora de Políticas de Género.
El funcionario asumió la representación de la administración ejecutiva bonaerense ante la decisión del jefe comunal de no asistir, defendiendo los tiempos de remoción de la imputada y detallando el estado administrativo de la planta de empleados estatales, mientras las fuerzas de seguridad federales ejecutan órdenes de captura nacional e internacional sobre la sospechosa y su entorno cercano.
El debate político en el municipio del oeste bonaerense escaló de manera drástica tras conocerse los vínculos de una jerarca estatal con el tráfico de estupefacientes en el distrito. El secretario de Seguridad municipal Damián Cardoso encabezó una interpelación de cuatro horas ante el Concejo Deliberante de Morón, convocada de urgencia tras la ausencia del intendente Lucas Ghi. El funcionario debió dar explicaciones sobre la situación de Luna Suyai Ortigoza, exdirectora dependiente de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad —conducida por Laura de Peri—, quien se transformó en prófuga de la justicia penal tras un allanamiento en su propiedad de la localidad bonaerense de Castelar, donde efectivos de la Policía Federal decomisaron medio kilo de cocaína, armas de fuego y envoltorios de marihuana. Durante su alocución, el responsable de la cartera de control defendió el desplazamiento inmediato de la imputada y de su pareja, Ángel Daniel Paz, argumentando que las actividades de menudeo se ejecutaban de manera escondida en las inmediaciones de las calles Ferre, Piovano y Pardo, sin que mediaran alertas tempranas o incrementos patrimoniales visibles en el desempeño cotidiano de sus funciones de asistencia social.
El bloque de preguntas expuso las fuertes divergencias entre los sectores que componen el arco legislativo local respecto a la idoneidad de los controles sobre el personal permanente de la comuna. Los cuestionamientos al organigrama de gobierno fueron impulsados por la concejala de La Libertad Avanza Analía Zappulla —acompañada en su bancada por los legisladores locales Ezequiel Tozzi, María Mobilia, Pablo Miño y Alejandra Liquitay—, quien exigió informes sobre la continuidad de Ortigoza en la planta permanente y presionó por la obligatoriedad de una revisión anual de antecedentes penales a través de la futura Policía Municipal. En tanto, el representante del espacio Todo por Argentina, Ariel Aguilera, y las bancadas de Unión por la Patria y Fuerza Patria, coordinadas por Florencia De Luca y Diego Spina, apuntaron a la debilidad política de la intendencia por no enviar a los secretarios del área específica a dar la cara. El cierre de la sesión estuvo marcado por las revelaciones sobre el avance de la causa judicial, confirmándose que la retención salarial ya fue aplicada por el municipio, mientras los peritajes sobre las cuentas bancarias de los compradores delatados por un detenido clave permitirán identificar el alcance real de la red criminal en los barrios de la región.
Más historias
El final de una agonía: renunció Manuel Adorni tras meses de desgaste judicial y político
Las Fuerzas Armadas argentinas ya operan en Venezuela para asistir tras la devastación de los terremotos
La estrategia de la fragmentación: la reaparición de Berni como motor de tensión interna