La Cámara de Senadores de la Nación reactivó la discusión de la agenda impulsada por la Casa Rosada en una sesión marcada por intensas negociaciones en la mesa de Labor Parlamentaria.
El cuerpo legislativo, bajo la conducción de la vicepresidenta Victoria Villarruel, resolvió dar ingreso formal al pedido del Poder Ejecutivo para retirar la postulación de la candidata María Verónica Michelli para el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata —cuyo diferendo provocó un fuerte cortocircuito interno y una amenaza de renuncia por parte de la jefa del bloque libertario, la senadora Patricia Bullrich—, postergando su definición para la próxima semana, al tiempo que habilitó el debate para un masivo paquete de designaciones en la Justicia Federal y las reformas estructurales al régimen de propiedad.
El tratamiento de las vacantes en los tribunales federales expuso las complejas articulaciones y los vetos cruzados que condicionan los acuerdos entre el oficialismo de La Libertad Avanza y las bancadas de la oposición dialoguista. De la nómina original dictaminada por la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto, la Cámara Alta puso en consideración cincuenta nombramientos, postergando veintitrés pliegos debido a los cuestionamientos políticos sobre los candidatos Alejandro Catania y Juan Galván Greenway por presuntos vínculos con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), así como la postulación de Juan Manuel Mejuto, asociado por sectores del radicalismo con la agrupación judicial Justicia Legítima. Entre los pliegos que sí consiguieron luz verde para su tratamiento sobresale la designación de Emilio Rosatti para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, junto con los candidatos Laureano Durán, Juan Pablo Moldes, Javier Arzubi Calvo y la postulación de Ana María Juan para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, un casillero estratégico bajo la lupa debido a la sensible naturaleza de los expedientes que tramitan en dicha jurisdicción.
En el plano estrictamente legislativo, la sesión aborda dos proyectos de fuerte impacto económico e institucional enviados por los ministerios nacionales. El primero de ellos, redactado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, introduce severas modificaciones al Código Civil y Comercial mediante el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que altera los mecanismos de desalojo judicial, elimina el tope para la adquisición de tierras productivas por parte de ciudadanos extranjeros, restringe las penalidades de la Ley de Manejo del Fuego y reconfigura las indemnizaciones estatales por expropiación limitándolas al valor de mercado, tras excluir de la redacción final la delegación de competencias sobre el registro de barrios populares (RENABAP). Por último, la jornada parlamentaria prevé la ratificación del convenio financiero alcanzado en los tribunales de Nueva York bajo la supervisión de la jueza Loretta Preska, el cual estipula una erogación de 171 millones de dólares destinados a cancelar los litigios remanentes del default de 2001 con los fondos de inversión de riesgo Bainbridge Fund y el consorcio de acreedores Attestor, buscando clausurar de manera definitiva los reclamos remanentes en el extranjero.
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