En una dura columna de opinión, el gobernador bonaerense acusó a la gestión de Javier Milei de recortar transferencias e instrumentar la ayuda financiera como un mecanismo de coacción política, respaldado por una severa restricción fiscal sobre las jurisdicciones.
El debate por la distribución de los fondos públicos y el alcance del federalismo volvió al centro de la escena política tras la publicación de un texto de opinión firmado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bajo el título “Milei y las provincias: la extorsión como política de Estado”, el mandatario cuestionó la estrategia económica de la Casa Rosada y sostuvo que se utiliza el ahogo financiero para condicionar el voto de los legisladores en el Congreso.
El pronunciamiento se da en un momento clave de la agenda, atravesado por discusiones sobre reformas al sistema electoral —como la eventual modificación o suspensión de las PASO— y por la permanente tensión entre la Nación y los gobernadores en torno a la transferencia de recursos.
Un diagnóstico económico con sustento real
En su escrito, Kicillof expone que la política de ajuste nacional impactó negativamente en la actividad económica, generando caídas en sectores clave como la industria, el comercio y la construcción, lo cual golpeó de forma directa las arcas subnacionales.
Más allá de la confrontación política, los datos sobre el desempeño fiscal respaldan un escenario de alta fragilidad financiera en el interior del país:
- Caída de transferencias no automáticas: El recorte congeló o redujo al mínimo los giros discrecionales para infraestructura, educación y asistencia social.
- Impacto en la coparticipación: La retracción del consumo y la actividad industrial achicó los ingresos fiscales nacionales que se distribuyen por ley.
- Doble impacto local: Las provincias sufren en paralelo una menor recaudación de impuestos propios (como Ingresos Brutos).
Este reclamo encuentra eco en mandatarios de diversos signos políticos, quienes reiteradamente han manifestado su preocupación por la parálisis de la obra pública y la falta de asistencia en sus territorios.
Negociación versus disciplinamiento fiscal
El núcleo de la denuncia de Kicillof radica en la existencia de un «método extorsivo», donde el Ejecutivo retendría fondos para ofrecerlos de manera selectiva a cambio de respaldo legislativo.
Desde la perspectiva de la administración central, en cambio, la restricción del gasto se defiende como el pilar innegociable para sostener el superávit fiscal y consolidar la baja de la inflación. No obstante, los gobernadores advierten que esto sobrecarga las demandas de servicios esenciales —salud, educación y seguridad— en los municipios y provincias, con presupuestos severamente disminuidos.
El trasfondo institucional
El texto concluye con una advertencia sobre la calidad institucional y el modelo de país, señalando que las discusiones sobre las reglas de juego y los cambios electorales no deberían dirimirse bajo una lógica de supervivencia financiera. De este modo, la postura expuesta refleja la encrucijada estructural entre la meta de déficit cero centralizado y un esquema federal que demanda consensos para su sostenibilidad.
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