El Gobierno defiende el superávit, pero los bloques opositores cuestionan la viabilidad del plan 2027

El documento, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ratifica los lineamientos de superávit fiscal y desinflación como norte de la administración. Sin embargo, la falta de detalles sobre la distribución de las partidas ha sido el blanco principal de las críticas. Legisladores de diversas bancadas, desde Innovación Federal hasta Unión por la Patria, han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que la meta del «déficit cero» termine siendo financiada mediante ajustes en las transferencias a los distritos y una drástica reducción en el gasto social y la infraestructura.

La discusión técnica promete ser tan intensa como la política. Diputados y senadores ya han anticipado que someterán a un análisis riguroso las variables macroeconómicas que sustentan el plan oficial, especialmente aquellas vinculadas a la inflación, la actividad económica y la inversión. Sectores opositores, como el que lidera Itaí Hagman, han cuestionado la previsión de crecimiento basada en la inversión privada, argumentando que los indicadores actuales de empleo registrado y la inversión extranjera directa presentan un panorama mucho más complejo que el trazado por el Ejecutivo. Por otro lado, la experiencia de años previos con presupuestos subestimados —un punto reforzado por el senador Fernando Salino— ha generado un clima de profunda desconfianza respecto a la veracidad de las proyecciones oficiales.

El oficialismo se enfrenta ahora al desafío de construir consensos en un Congreso donde no posee mayoría propia. La necesidad de contar con el aval de bloques dialoguistas para consolidar el superávit fiscal como eje central de la negociación pondrá a prueba la capacidad de gestión de Diego Santilli. Para el Gobierno, la aprobación del Presupuesto 2027 no es solo una hoja de ruta técnica, sino la señal de confianza que buscan enviar a los mercados y a los organismos internacionales. No obstante, para la oposición, el recinto es el lugar donde se deberá definir si el costo del saneamiento financiero recaerá sobre el funcionamiento de las universidades, los servicios públicos y la obra pública, puntos que prometen ser los más conflictivos del debate.

En definitiva, este Presupuesto se encamina a convertirse en el termómetro de la relación entre la Casa Rosada y las provincias durante los próximos meses. Con el calendario electoral pisándole los talones, la discusión presupuestaria trascenderá los números para enfocarse en el rol que el Estado debe cumplir ante una economía que aún muestra signos de fragilidad. La negociación, lejos de ser un mero trámite administrativo, será el campo de batalla donde el oficialismo intentará blindar su modelo económico frente a una oposición que busca garantizar que la política de ajuste no sea, al final del día, una condena al desarrollo provincial y el bienestar de los sectores más sensibles.