La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) y otras expresiones sindicales convocaron a una huelga general para este viernes 29 de mayo. La medida de fuerza, que paralizará las clases, exámenes y tareas de investigación en las universidades públicas de la Argentina, escala en respuesta al congelamiento salarial, el veto a la Ley de Financiamiento Universitario por parte de Javier Milei y las recientes tomas estudiantiles en el Colegio Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini.
El prolongado conflicto que enfrenta a la comunidad académica con el Poder Ejecutivo Nacional ingresa en una fase de abierta parálisis institucional ante la falta de canales de diálogo para recomponer las partidas presupuestarias del sistema de educación superior. Las federaciones sindicales que nuclean a los trabajadores de las casas de altos estudios resolvieron profundizar su plan de lucha mediante la convocatoria a un paro nacional universitario de 24 horas para este viernes 29 de mayo, una medida de fuerza drástica que afectará el normal dictado de las asignaturas teóricas, los cronogramas de exámenes parciales y las actividades de los laboratorios de investigación en todo el territorio argentino. El cese total de actividades cuenta con la adhesión orgánica de los gremios de base docentes y el personal no docente, configurando un escenario de virtual congelamiento operativo que se potencia con los esquemas de protestas intermitentes y paros rotativos que agrupaciones como Conadu Histórica vienen desplegando a lo largo de toda la semana en los diferentes rectorados del país.
El detonante que aceleró la unificación de las medidas de fuerza gremiales provino del ámbito de las escuelas de formación preuniversitaria dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde las asambleas estudiantiles decretaron la toma de las instalaciones edilicias del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela de Comercio Carlos Pellegrini. Estas ocupaciones pacíficas visibilizaron el profundo malestar de las bases estudiantiles ante el deterioro de las condiciones de cursada y sirvieron como catalizador político para que las cúpulas sindicales reactivaran las protestas sectoriales tras las masivas movilizaciones federales de los meses previos. Los representantes de los profesores universitarios advierten que la parálisis del dictado de clases es de exclusiva responsabilidad de las políticas de ajuste macroeconómico aplicadas desde la Casa Rosada, las cuales licuaron de forma inédita el poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación acumulada y anularon de hecho los mecanismos tradicionales de negociación colectiva.
Los reclamos que unifican a los sindicatos y a las autoridades universitarias nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) apuntan de forma directa a revertir el fuerte impacto del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario que había sido sancionada por el Congreso de la Nación. Las federaciones exigen la urgente apertura de una garantía paritaria sin techos salariales y la inmediata transferencia de las partidas de fondos complementarias para revertir una crisis operativa que ya compromete la sustentabilidad de los servicios básicos en las facultades bonaerenses y del interior. Según los informes técnicos de los rectores, la falta de actualización presupuestaria mantiene totalmente paralizadas las obras de infraestructura escolar en los campus, dificulta el pago de las abultadas tarifas de servicios públicos de los edificios y pone en riesgo la continuidad de los programas de becas estudiantiles, consolidando un cuadro de desfinanciamiento que amenaza con extender el conflicto gremial durante todo el ciclo lectivo.
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