Caso YPF: Argentina frena el intento de los fondos buitre de usar pruebas confidenciales ante el CIADI

Los abogados que representan al país presentaron un escrito ante la jueza Loretta Preska para impedir que Burford Capital utilice información del juicio de Nueva York en un nuevo tribunal. Advierten que el acuerdo de confidencialidad limita el uso de documentos exclusivamente al litigio en EE.UU.

La estrategia de defensa argentina en el caso YPF sumó un nuevo capítulo clave en los tribunales de Nueva York. El estudio Sullivan & Cromwell, en representación de la República Argentina, presentó un escrito ante la jueza Loretta Preska para rechazar el pedido de los fondos Petersen y Eton Park —financiados por Burford Capital—, quienes pretenden utilizar documentación confidencial obtenida durante el proceso de «discovery» en una futura demanda ante el CIADI.

El reclamo argentino, fechado el 24 de abril, se fundamenta en que existe un acuerdo vigente entre las partes que prohíbe taxativamente el uso de la evidencia recolectada para cualquier otro propósito que no sea la defensa en la causa que tramita en Estados Unidos. Según la defensa nacional, los demandantes buscan «reescribir» estas reglas para trasladar pruebas a un tribunal arbitral del Banco Mundial, una medida que calificaron como «extraordinaria» y contraria a lo pactado.

Este movimiento de los fondos buitre se produce tras el reciente revés judicial que sufrieron en marzo, cuando la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares. Tras ese fallo favorable al país, que determinó que la jueza Preska no interpretó correctamente la ley argentina durante la expropiación, los demandantes anticiparon su intención de litigar ante el CIADI.

La defensa argentina argumentó ante la magistrada que el pedido de los fondos es «prematuro», ya que ni siquiera han iniciado formalmente el arbitraje internacional. Además, subrayaron que los laudos del CIADI no tienen ejecución directa, lo que obligaría a los demandantes a regresar eventualmente a la justicia ordinaria para intentar cobrar cualquier fallo favorable, un camino que la Argentina busca bloquear desde el inicio.

Con esta presentación, el país busca blindar la información estratégica obtenida en el proceso judicial y evitar que los fondos buitre reciclen evidencia para abrir nuevos frentes de conflicto. Se espera que la jueza Preska defina en las próximas semanas si mantiene el cerrojo sobre la documentación confidencial o si cede ante la presión de los inversores extranjeros.