El secretario de Infraestructura dejó su puesto este domingo. La Oficina Anticorrupción y la Justicia Federal investigan un crecimiento patrimonial injustificado.
El Gobierno nacional oficializó este domingo la salida de Carlos Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura bajo la órbita del Ministerio de Economía. La renuncia se produjo luego de que trascendiera que el funcionario omitió incluir en su declaración jurada siete propiedades ubicadas en Miami y Palm Beach, adquiridas entre 2020 y 2022 a través de sociedades radicadas en Delaware, Estados Unidos.
Frugoni admitió públicamente la omisión, calificándola como un «error» que planeaba rectificar ante el ARCA y la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, la magnitud del patrimonio oculto —estimado en más de 1,5 millones de dólares— y la inconsistencia en su crecimiento patrimonial aceleraron su desplazamiento. Según los registros oficiales, el exfuncionario pasó de declarar ahorros moderados en 2019 a poseer departamentos en complejos exclusivos de Delray Beach, Lantana y West Palm Beach, además de inversiones en 16 empresas por montos millonarios.
La situación judicial de Frugoni es comprometida: ya existen denuncias radicadas en el juzgado federal de Daniel Rafecas por presunta ocultación de patrimonio. Asimismo, se supo que la Oficina de Integridad Pública porteña lo había sancionado previamente por incumplimientos similares, lo que le valió una inhabilitación temporal para ejercer cargos en la Ciudad de Buenos Aires.
Dentro del entorno de la Casa Rosada, el caso fue calificado como «gravísimo», marcando una diferencia sustancial con otras polémicas recientes de la gestión. «Tiene que explicarlo; estamos hablando de siete casas en el exterior que no figuraban en ningún registro oficial», señalaron fuentes gubernamentales, subrayando que la falta de transparencia en un área sensible como Infraestructura resultaba insostenible para el Poder Ejecutivo.
Con la salida de Frugoni, el Ministerio de Economía busca cerrar un frente de conflicto que amenazaba con escalar políticamente. La investigación ahora seguirá su curso en la justicia federal, donde se determinará el origen de los fondos utilizados para las adquisiciones inmobiliarias y la responsabilidad penal del exsecretario por el falseamiento de sus declaraciones públicas.

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