Tras el levantamiento del secreto bancario, la fiscalía determinó que los pasajes a Punta del Este no fueron solventados desde las cuentas de Manuel Adorni ni de su esposa. El fiscal Gerardo Pollicita refuerza la hipótesis del delito de dádivas y enriquecimiento ilícito.
La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo crítico en los tribunales de Comodoro Py. Del análisis pormenorizado de sus movimientos financieros, la fiscalía concluyó que el jefe de gabinete nunca utilizó fondos declarados en el sistema bancario para pagar los pasajes de ida y vuelta a Uruguay en un avión privado. El hallazgo complica la defensa del funcionario, quien había asegurado públicamente haber cancelado dicha deuda con su amigo y contratista estatal, Marcelo Grandío.
La investigación, encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita, sostiene que no existen registros de transferencias ni extracciones que justifiquen el pago de los casi 9 mil dólares que costó la travesía. Si bien Adorni podría argumentar que el pago se realizó en efectivo, los investigadores advierten que esa justificación lo obligaría a demostrar el origen lícito de divisas no bancarizadas, lo que profundizaría la sospecha de enriquecimiento ilícito.
Para la fiscalía, el escenario configura el delito de dádivas. Grandío, quien abonó los pasajes, es un periodista que mantiene contratos con el Estado autorizados por la propia jefatura de gabinete. Esta relación de dependencia e intereses cruzados es, para la justicia, suficiente para avanzar hacia una declaración indagatoria tanto para el funcionario (dádiva pasiva) como para el empresario (dádiva activa), según lo tipificado en el artículo 259 del código penal.
El calendario judicial parece coincidir con la agenda política del funcionario. El último de los testigos citados por el crecimiento patrimonial de Adorni declarará el próximo 27 de abril. Apenas 48 horas después, el jefe de gabinete deberá presentarse ante el congreso de la nación para brindar su informe de gestión, lo que podría obligarlo a rendir cuentas ante dos poderes del Estado de manera consecutiva.
Por el momento, Pollicita aguarda completar la ronda de testimoniales sobre los bienes inmuebles y la hipoteca privada del funcionario antes de formalizar el llamado a indagatoria. La justicia busca determinar si la «travesía de lujo» fue un regalo empresarial o si el dinero utilizado para saldarla pertenece a fondos no declarados ante la oficina anticorrupción.

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