En Casa Rosada aseguran que el arzobispo de Buenos Aires envía mensajes en clave política y se alinea con el discurso opositor. Sin embargo, evitan confrontar con la institución en función de la coordinación por la visita del Papa. Las críticas internas.
La relación entre el Gobierno nacional y la Iglesia católica atraviesa un momento de marcada turbulencia focalizada en la figura del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva. Desde la mesa chica de la Casa Rosada admiten un profundo malestar ante los recurrentes mensajes del arzobispo, a quien acusan de adoptar un discurso de tinte opositor y funcional a las críticas contra la gestión libertaria. Pese a estas tensiones individuales —que incluso generaron cruces públicos por parte de asesores y ministros—, el oficialismo cuida celosamente el vínculo institucional con la Conferencia Episcopal Argentina.
El punto de inflexión del descontento se recrudeció tras las declaraciones de García Cuerva durante la celebración por el Día de la Virgen de Luján, donde advirtió sobre una «Argentina dividida y en crisis», sumado a sus desacuerdos en temas sensibles como la pobreza, la Ley de Tierras y la agenda paralela de visitas carcelarias. En el entorno libertario consideran que estas intervenciones buscan condicionar la percepción del papa León XIV de cara a su inminente visita al país prevista para noviembre.
No obstante, en Balcarce 50 impera la pragmática del cuidado institucional: tanto la administración central como la Iglesia evitan escalar el conflicto en la víspera de un acontecimiento religioso y político de máxima magnitud. Con la coordinación de los operativos de seguridad en marcha y reuniones semanales conjuntas, el Gobierno opta por blindar el canal de diálogo institucional con el episcopado y minimizar las asperezas hasta que se concrete la llegada del Sumo Pontífice.
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