Con paros, asambleas y marchas que tendrán su punto cúlmine el 15 de octubre, distintos sectores sindicales y educativos endurecen su postura contra las políticas económicas del Gobierno.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia que restableció la vigencia del artículo del DNU 70/2023 —el cual derogó la Ley de Tierras— encendió la mecha de un plan de lucha multisectorial que se extenderá a lo largo de dos semanas. La Confederación General del Trabajo (CGT), movimientos sociales de izquierda, agrupaciones estudiantiles y sindicatos docentes han confluido en una agenda de protestas contra la desfinanciación de la educación pública, el impacto económico en la industria nacional y los efectos generales del decreto presidencial.
El detonante judicial se produjo luego de que los jueces de la Corte dejaran sin efecto una cautelar que frenaba la extranjerización de tierras rurales, desatando el repudio inmediato de excombatientes de Malvinas, sindicatos y bloques opositores. En respuesta, la CGT convocó a una movilización en defensa de la industria nacional, mientras que las organizaciones sociales y de izquierda coordinan acciones conjuntas en espacios como Parque Lezama para preparar el terreno de cara al 15 de octubre.
Para esa fecha clave, la tensión social y política se trasladará al Palacio Legislativo. Diputados de la oposición intentará conseguir el quórum necesario en una sesión especial para rechazar definitivamente el DNU 70/2023. En paralelo, la comunidad universitaria —respaldada por recientes fallos judiciales favorables sobre el presupuesto— marchará hacia el Congreso en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria para exigir la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, unificando así los reclamos por la soberanía territorial, el trabajo, la industria y la educación pública.

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