El mandatario bonaerense advirtió que la iniciativa del gobierno nacional busca concentrar la actividad en grandes aceiteras y puso en riesgo el empleo en diez plantas de la provincia.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo un encuentro con referentes y líderes de las pymes que fabrican biodiésel en territorio bonaerense para analizar la actualidad de la industria y el impacto de las modificaciones al régimen de la Ley 27.640 que impulsa el gobierno nacional. Durante la reunión, el rechazo a la iniciativa fue unánime.
Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) advirtieron que la medida oficialista podría conducir a la quiebra al sector. Según explicaron, el proyecto “bajo el argumento de desregular, se pretende trasladar el mercado desde industrias de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires hacia las grandes empresas concentradas en el polo agroexportador de Santa Fe”.
El impacto en la provincia y la defensa del empleo
En la misma línea, el gobierno bonaerense coincidió en que la aprobación de la iniciativa pondría en marcha un cronograma de reducción de la participación pyme, concentrando la actividad en seis grandes aceiteras del puerto de Rosario. Ante este escenario, Kicillof manifestó su rechazo al proyecto y asumió el compromiso de “defender el entramado productivo bonaerense y los puestos de trabajo en las economías regionales”. Actualmente, la provincia cuenta con diez plantas productoras distribuidas en localidades como Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo.
El proyecto, presentado en el Senado en mayo y actualmente en debate en comisión, genera profunda preocupación por su artículo 40, que propone la derogación de la Ley 27.640. Dicha norma incluye un régimen de protección vigente hasta 2030 que garantiza el reparto del cupo de biodiésel entre todas las empresas productoras.
Mientras desde la CEPREB —con su director ejecutivo Federico Martelli a la cabeza— sostienen que no se trata de una desregulación sino de un proceso de “concentración”, los legisladores oficialistas defienden la medida argumentando que busca “dinamizar el mercado de los biocombustibles generando un marco normativo que estimule las inversiones nacionales e internacionales”.
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