Según los datos oficiales de 2025, más de 5.200 personas se quitaron la vida en el país. El informe advierte un fuerte incremento en la última década y reclama declarar la emergencia en salud mental.
El último reporte del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC, Ministerio de Seguridad) puso en evidencia un incremento sin precedentes del suicidio en la Argentina: en 2025 se registró un aumento del 22,6% respecto del año anterior, constituyendo el mayor alza documentada en la serie disponible. La tasa poblacional pasó de 9,7 a 11,8 víctimas por cada 100.000 habitantes, y en términos absolutos fueron 5.209 personas las que se quitaron la vida en 2025.
Jóvenes: el grupo que empuja la estadística
Al analizar el período 2017-2024, los jóvenes aparecen como el segmento etario que más ha aumentado en los registros de suicidio. En 2024, el 45,3% de los casos (del total de 4.249) correspondió a adolescentes y personas de la juventud temprana. Los datos desglosados muestran que en 2024 se suicidaron 561 jóvenes de 20 a 24 años, 567 de 25 a 29 y 486 de 30 a 34 años. Aunque el reporte de 2025 no incluye aún el desagregado por edad, el crecimiento interanual preocupa y hace esperar con inquietud los datos de 2026.
Los jóvenes afectados comparten contextos sociales y culturales que pueden incidir en su malestar: precariedad económica y de empleo, endeudamiento, sobreexposición a pantallas, uso intensivo de redes sociales y consumo problemático de sustancias. Si bien estos factores coexisten en el entramado social, no pueden tomarse automáticamente como causas únicas del suicidio; sin embargo, ayudan a comprender la complejidad del fenómeno.
Una mutación en la forma de la violencia
El Observatorio de Política Criminal, a partir de un informe titulado Cuando matarse aparece como una opción en la Argentina, plantea una lectura distinta: advierte una trasmutación de la violencia en el país, de una modalidad predominantemente interpersonal (homicidios) hacia una modalidad más personal (suicidios). En 2025 la tasa de suicidio cuadruplicó la de homicidios (11,8 frente a 3,6 cada 100.000 habitantes).
Según Ariel Larroude, abogado y director del Observatorio: “La franja de 20 a 34 es la más complicada”. Larroude sostiene que, aunque no se trate de las mismas personas, la fotografía resulta indicativa de cómo está configurada la violencia en la región y demanda intervención estatal.
La desigual geografía provincial
Las tasas provinciales muestran grandes disparidades. Mientras la tasa nacional (11,8/100.000) es casi idéntica a la bonaerense (11,9), algunas provincias exhiben cifras mucho más altas. En 2025 las más elevadas fueron: Entre Ríos (20,8), San Luis (18,9), Salta (17,4), Santa Cruz (16,0) y Catamarca (14,2). Las más bajas fueron Río Negro (6,5), Neuquén (7,8), Corrientes (8,0), la Ciudad de Buenos Aires (8,0) y Misiones (8,7).
Un caso extremo es el de La Rioja, que pasó de 13 casos en 2017 a una tasa equivalente a 50 por cada 100.000 habitantes en 2025, lo que implica un aumento del 284,6% en nueve años. Estas diferencias reflejan no solo variaciones en los factores de riesgo locales, sino también problemas de registro y notificación.
Subregistro, presupuesto y salud mental
Resulta llamativo que las cifras principales provengan del Ministerio de Seguridad y no del de Salud. El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) incluye intentos y suicidios consumados, pero el sistema aún presenta subregistro: el BEN consignó 748 suicidios en 2025 (semanas 1 a 52), mientras que los informes provinciales compilados por el SNIC sumaron más de 5.200 casos. El suicidio fue incorporado como evento de notificación obligatoria en el BEN apenas en 2023, lo que explica demoras y brechas en la captura de información.
El informe también destaca una baja ejecución presupuestaria en salud mental durante 2025 (31,2% del presupuesto asignado), inferior incluso a la de 2017 (36%). Frente a esto, el Observatorio reclama la declaración de una emergencia en salud mental para coordinar intervención nacional y aumentar recursos: más psicólogos, más especialistas y mayor presencia estatal en jurisdicciones con mayor impacto.
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