Debate en el Senado por la nueva Ley de Salud Mental: internaciones, adicciones y ejes del proyecto

Las comisiones de Salud y Legislación General avanzan en el análisis de la iniciativa oficialista que incorpora pautas federales, teleconsulta y un enfoque interdisciplinario en la atención.

Las senadoras de La Libertad Avanza Patricia Bullrich e Ivanna Arrascaeta avanzaron con el tratamiento del proyecto de ley de Salud Mental enviado por el Poder Ejecutivo y comenzaron una ronda de conversaciones para buscar consensos con otras fuerzas políticas y las provincias.

En ese marco, las legisladoras mantuvieron reuniones virtuales junto al ministro de Salud, Mario Lugones, y autoridades sanitarias de distintas jurisdicciones, con encuentros programados para integrar a representantes de todo el país en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, presididas por las senadoras Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez. Previamente, el Senado llevó a cabo jornadas de exposiciones con más de 70 invitados, entre especialistas, ONGs, familiares de pacientes y trabajadores del área.

Principales ejes y modificaciones del proyecto

• Consumo problemático: La iniciativa integra las adicciones dentro del abordaje de la salud mental y establece regulaciones específicas para niños, niñas y adolescentes, exigiendo equipos con formación infantojuvenil y dispositivos diferenciados de los adultos.
• Internaciones involuntarias: Se requerirá la firma de dos profesionales del servicio asistencial (uno de ellos médico y preferentemente psiquiatra) y quedará limitada a casos de riesgo grave para la vida o la integridad física propia o de terceros.
• Derechos del paciente: Se incorpora la posibilidad de consentir o rechazar tratamientos de manera anticipada, la atención mediante equipos interdisciplinarios y la habilitación de la teleconsulta para ampliar la cobertura territorial.
• Altas y seguimiento: Se prevé la comunicación anticipada a familiares o representantes legales para coordinar el egreso. Si no existe una red de contención, el Estado deberá garantizar los apoyos comunitarios necesarios. Además, se contemplan medidas de acompañamiento ambulatorio de hasta seis meses con supervisión judicial periódica.

Desde el oficialismo remarcaron que la normativa busca dar respuestas a realidades cotidianas de las familias y establecer un piso federal de regulaciones que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán ampliar.