En respuesta a los cuestionamientos por el incremento que elevó el costo de las licencias de conducir para transporte de cargas y pasajeros de $22.000 a cerca de $300.000, desde el Ministerio de Transporte bonaerense aclararon que la Provincia no fija los valores. Mediante un comunicado oficial, adjudicaron la suba a la desregulación impulsada por la Nación y al nuevo régimen de prestadores privados habilitados por la ANSV.
La controversia desatada tras la implementación del sistema que reemplazó a la antigua Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) motivó una respuesta formal por parte del Ejecutivo bonaerense. Desde el pasado 6 de julio, quienes tramitan o renuevan las categorías profesionales C, D y E deben realizar evaluaciones psicofísicas, capacitaciones y exámenes ante prestadores privados habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), un cambio que disparó el valor total del trámite a aproximadamente $294.000. Ante los señalamientos de la oposición, fuentes del Ministerio de Transporte y un comunicado posterior ratificaron que la Provincia se limita a integrar el Sistema Nacional de Licencias de Conducir desde 2010 y que no tiene injerencia en la definición de los precios.
En esa línea, la cartera conducida por Martín Marinucci remarcó que las modificaciones derivan del Decreto 196/2025 y de la normativa dictada por la ANSV. Según explicó el Ejecutivo provincial, el nuevo esquema “no establece una tarifa nacional de referencia”, motivo por el cual los montos son fijados de manera directa por cada centro privado habilitado, sin intervención económica del Estado provincial ni de los centros municipales. Asimismo, la Provincia defendió la implementación de una prórroga excepcional de 60 días para los vencimientos ante la limitada oferta inicial de prestadores en distintas regiones del territorio bonaerense, buscando evitar que los trabajadores pierdan la habilitación para desempeñarse. Finalmente, el Gobierno cuestionó que el modelo nacional deje a los conductores “sujetos a un mercado de prestadores privados sin una tarifa de referencia”, advirtiendo que esto genera fuertes diferencias de costos y obstaculiza el acceso al trámite.
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