El fallecimiento de un joven de 37 años en Morón se suma a una preocupante serie estadística informada por el Ministerio de Salud de la Nación a través del Boletín Epidemiológico Nacional, que ya registra 208 muertes por suicidio en lo que va del año.
Esta problemática, que presenta un incremento sostenido en la última década, se ve agravada por la notificación de más de 4.600 intentos no fatales, con una incidencia crítica que afecta especialmente a la población joven de entre 15 y 34 años, consolidándose como una de las segundas causas de muerte en adolescentes de entre 10 y 19 años en nuestro país.
El caso reciente, que es investigado por la fiscal Silvana Bonini de la UFI N° 1 de Morón, ocurrió en una vivienda de la calle Los Davobes, donde personal del SAME constató el deceso de la víctima. Las pericias de la Policía Científica y la autopsia de rigor forman parte del protocolo judicial para confirmar la mecánica de los hechos, enmarcados en un contexto de salud mental que, según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), alcanzó cifras récord durante 2025. El informe anual revela un aumento del 22,6% en los casos consumados respecto al año anterior, estableciendo una relación donde los suicidios triplican actualmente a los homicidios dolosos, una diferencia que se ha profundizado drásticamente desde la última década.
El análisis de la cartera sanitaria destaca una brecha de género significativa en la letalidad de los eventos: aunque el mayor volumen de intentos no fatales corresponde a mujeres, los varones presentan un riesgo cinco veces mayor de que el desenlace sea fatal. Con tasas que ascienden a 124 intentos cada 100.000 habitantes en el grupo de 15 a 19 años, el fenómeno requiere un abordaje urgente que trascienda la estadística y refuerce los sistemas de acompañamiento y prevención a nivel comunitario. La consolidación de este indicador exige una mirada integral sobre los factores que inciden en el sufrimiento emocional de los jóvenes, subrayando la necesidad de fortalecer las políticas públicas de contención, el acceso a servicios de salud mental especializados y la detección temprana de señales de alarma en todos los estratos de la sociedad.
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